FACUA se EQUIVOCA con su denuncia a los Parques de Atracciones 🎢

Crítica al intervencionismo estatal en los parques temáticos: una alternativa basada en el mercado consciente

En la actualidad, algunos parques de atracciones en España prohíben la entrada con comida y bebida del exterior, con el objetivo de incentivar, o más bien forzar, el consumo dentro de sus instalaciones, donde los precios suelen ser notablemente más elevados. Esta práctica ha motivado a la organización FACUA-Consumidores en Acción a presentar una denuncia formal contra varios de estos parques, alegando que se trata de una cláusula abusiva.

Buscar ciertas comodidades no es algo reprochable. En este caso, muchos usuarios desean ejercer su derecho a acceder con sus propios alimentos, una petición razonable desde la perspectiva del consumidor. Sin embargo, el recurso a la vía estatal para imponer esa comodidad por la fuerza legal es, a mi juicio, una estrategia éticamente cuestionable. FACUA parte de una buena intención, defender al consumidor, pero termina cayendo en una lógica que contradice los principios de una sociedad libre.

Si el objetivo es construir una sociedad justa y verdaderamente libre, recurrir al poder del Estado para forzar el comportamiento de otros agentes privados no es el camino. Hacerlo equivale a restringir la libertad de los propietarios de los parques, negándoles su derecho a fijar las condiciones de acceso a sus propias instalaciones. En términos simples: ¿por qué deberías tú tener el poder de controlar las decisiones de otro individuo, incluso si no estás de acuerdo con ellas? Cuestionarlas es válido. Imponerles cambios por la fuerza, no.

 

El sociólogo alemán Max Weber definió al Estado como:

    “Aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima.” (La política como vocación, 1919).

Usar ese monopolio estatal para lograr fines personales, incluso si parecen justos, plantea un problema moral importante: estarías imponiendo tu visión a otros mediante coerción, no mediante persuasión o competencia.

Curiosamente, en el propio artículo publicado por FACUA se mencionan parques temáticos que sí permiten la entrada de comida del exterior. Esto abre una puerta a una alternativa mucho más coherente con una ética de libertad: recurrir al mercado consciente o inteligente. Es decir, utilizar las herramientas del mercado para ejercer presión legítima sobre las empresas. Quienes están en desacuerdo con las políticas de ciertos parques tienen al menos dos opciones efectivas: Emitir críticas públicas, claras y constructivas o dejar de consumir sus servicios, afectando directamente a su rentabilidad.

Este tipo de presión, no violenta, voluntaria y basada en la libre elección, puede resultar incluso más efectiva que la intervención estatal, al tiempo que respeta los derechos y libertades de todas las partes implicadas.

Una tercera vía consiste en apoyar activamente a aquellas empresas que sí ofrecen las condiciones que deseamos. Tal vez no cuenten con tantas atracciones o recursos como los grandes parques, pero el respaldo del público podría permitirles crecer, mejorar su oferta y, a la larga, competir con los líderes del sector. Además, este gesto envía un mensaje claro al resto del mercado sobre lo que los consumidores realmente valoran.

Conviene matizar que la crítica también es una forma de presión legítima. En ese sentido, FACUA sí contribuye al debate. El problema aparece cuando la crítica se convierte en un intento de forzar un cambio de política mediante mecanismos estatales. Para ilustrarlo de forma provocadora: sería como contratar a un matón para obligar a un heladero a vender helados a mitad de precio.

Por otro lado, hay indicios de que algunos parques mencionados por FACUA atraviesan dificultades financieras, según han reflejado diversos medios y testimonios de usuarios. En este contexto, es comprensible que intenten aumentar sus ingresos a través de la venta interna de comida. No obstante, si esta estrategia no mejora su situación, puede que se vean obligados a rectificar sus políticas para recuperar clientela.

En definitiva, invadir la libertad y la propiedad de otros no es coherente con los valores de una sociedad justa. Existen alternativas más éticas y eficaces para alcanzar los objetivos de los consumidores, sin necesidad de recurrir a la imposición opresora estatal.